Durante su comparecencia Hertfelder presentó los datos del informe El aborto en España: 23 años después (1985-2008), disponible en http://www.ipfe.org/es/, sección Documentación. El estudio fue realizado por el IPF. El informe ofrece una comparativa del aborto en España y Europa. Así, España comparte únicamente con Grecia el dudoso mérito de no poner plazo al aborto por peligro psíquico de la madre; en cambio, los países que contienen ese supuesto lo limitan mayoritariamente a 12 semanas. Esa deficiencia de la legislación española es la que ha permitido que España se convierta en un paraíso abortista, acumulando el 10% de los abortos de Europa, más de 100.000 en 2006 (el Ministerio de Sanidad aún no ha publicado los datos de 2007).

Igualmente, según los datos ofrecidos por el informe, en dos de cada tres países de la Unión Europea se necesita aducir siempre alguna causa o supuesto para acceder al aborto: esa es la tendencia de Europa que no secundaría España si sale adelante la proyectada ley de plazos (es decir, aborto libre, sin aducir causas, en un plazo concreto: unas 14 ó 16 semanas). Una ley como la proyectada, según el IPF, agudizaría los datos del aborto en España, incidiría en una mayor violencia contra la mujer y equipararía la legislación en España a la de los antiguos satélites soviéticos (Letonia, Rumanía o Bulgaria).

Propuestas del IPF

Sintéticamente el IPF presentó ocho propuestas a la subcomisión que estudia la posible ampliación del aborto:

1. Que el Congreso reclame al Ministerio de Sanidad con carácter de urgencia la publicación de los datos de abortos de 2007.

2. Revisión de la ley actual en varios puntos:
– Eliminar el supuesto “riesgo psicológico de la madre” por ser la causa principal del actual “coladero” de la ley.
– Establecer un periodo de reflexión de al menos una semana para acceder al aborto.
– Que el aborto sea firmado por dos médicos de la Seguridad Social tras un análisis y tras recibir apoyo psicológico de un centro de atención a la mujer embarazada.
– Crear centros de atención a la mujer embarazada.
– Regular el consentimiento informado específico en materia de aborto, que incluya la información a la embarazada sobre las secuelas que un aborto puede dejar en la salud física y psicológica de la mujer.

3. La inclusión expresa del aborto como violencia contra la mujer.

4. Ayuda directa universal al embarazo de 1.125 euros (correspondiente a una paga de 125 euros durante nueve meses) que se pagará a las 22 semanas del embarazo.

5. Posibilidad de percepción por adelantado, a partir de la semana 22 de gestación, de la paga de los 2.500 euros de ayudas por nacimiento.

6. Programa específico de ayuda a las embarazadas adolescentes o inmigrantes para afrontar los problemas que un embarazo puede plantear a estos dos grupos sociales especialmente frágiles.

7. Destinar una línea presupuestaria específica a las ONG que se dediquen a la ayuda a la mujer embarazada.

8. Compromiso de transparencia por parte de las Administraciones Públicas, que deben proporcionar los datos de abortos dentro del primer trimestre del siguiente año.