(NUEVA YORK – C-FAM) Recientemente, Amnistía Internacional ha publicado su informe sobre lo que considera ser el estado de los derechos humanos en el mundo. Lo que más interesa a los defensores de la vida es la campaña que esa organización lleva adelante para impulsar el “derecho” al aborto a nivel mundial.
En la entrada sobre Polonia , Amnistía acusa al país porque supuestamente “niega el acceso al aborto a las mujeres que cumplen con los requisitos exigidos por la ley”. Al mismo tiempo, alude a la crítica a la que fue sometida Polonia por parte del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2008. También censura al gobierno, en cuanto a que no implementó el fallo dictado en 2007 por la Corte Europea de Derechos Humanos, Tysiąc vs. Polonia, el cual se basa en el presunto “deber de establecer mecanismos efectivos para garantizar el acceso de las mujeres al aborto cuando este fuera legal”.
Sin embargo, los críticos denuncian que tanto la recriminación del Consejo de Derechos Humanos como la decisión de la Corte a la que alude Amnistía manifiestan claramente la tendencia, cada vez más frecuente, de los organismos de “derechos humanos” a imponer en los países obligaciones fundamentadas en preferencias sobre políticas sociales más que en principios jurisprudenciales concretos.
El fallo Tysiąc, que significó para el gobierno polaco una multa de € 25000, fue dictaminado en el caso de una mujer con una severa miopía, quien aseguraba que quedaría ciega si no se le practicaba un aborto. Los críticos sostienen que su reclamo no condecía con los hechos, y que la corte había ignorado la opinión de ocho expertos, entre los que se encontraban ginecólogos y oftalmólogos, que consideraron que no había ninguna relación entre su embarazo y su problema de vista.
El juez español de la Corte Europea de Derechos Humanos, Javier Borrego Borrego, expresó su enérgico disentimiento al señalar que la mayoría había optado por confiar en la opinión “aislada y confusa” de un solo médico clínico, para poder arribar al resultado pretendido. Esta visión tuvo eco en el International Journal of Human Rights, en el que Jakob Cornides escribió que la Corte “sencillamente... no estableció relación alguna entre los hechos y la ley”.
Al pregonar casos como el de Tysiąc y declaraciones realizadas desde agencias de Naciones Unidas para impulsar la agenda del aborto a escala mundial, Amnistía recurre a una estrategia que fue originalmente encabezada por el Centro de Derechos Reproductivos, estudio jurídico de interés público que promueve el aborto.
Según Susan Yoshihara, miembro de Catholic Family and Human Right's Institute (C-FAM, editor de Friday Fax), durante la conferencia Women Deliver, celebrada en Londres, en 2007, la coordinadora de Amnistía para “derechos reproductivos”, Stephanie Schlitt, comprometió al grupo a unirse al Centro de Derechos Reproductivos, para conseguir que el aborto sea reconocido como un derecho humano mediante el litigio, aduciendo, en parte, que se podía hallar tal derecho en algunos tratados sobre derechos humanos. Si bien admitió que los tratados no dicen nada acerca del aborto, Schlitt manifestó que una habilidosa defensa podría contribuir a que la “masa crítica” de funcionarios de la ONU y juristas de todo el mundo reconociera un nuevo “derecho al aborto”.
Hasta 2006, Amnistía Internacional mantenía su postura neutral respecto de este tema, y reconocía que no existía “ningún derecho al aborto aceptado en términos generales en la legislación internacional sobre derechos humanos". Desde que abandonó su neutralidad, Amnistía intervino frecuentemente en debates internos, en países como México y la República Dominicana, aduciendo –de manera incorrecta- que la legislación internacional exige que los países permitan el aborto.
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