¿Un católico no puede estar en un Juzgado de Familia¿

Fernando Ferrín Calamita, el juez procesado por retardar la adopción a una lesbiana denuncia amenazas del presidente de la Sala.

Santiago Mata

Fernando Ferrín Calamita, juez de Murcia suspendido en febrero por “retardar supuestamente el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental”, presentó el jueves ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas en las que acusa de prevaricación al presidente de la Sala que le juzga, Juan Martínez Moya.

Calamita, titular del Juzgado (de Familia) de Primera Instancia 9 de Murcia, está acusado de “prevaricación continuada” por retrasar un expediente. Calamita afirma que no paralizó el expediente, sino que lo suspendió para alegar inconstitucionalidad contra el reconocimiento legal de matrimonios entre personas del mismo sexo.

El 23 de enero de 2008, el presidente del TSJ de Murcia y de la Sala de los Civil y Penal, Juan Martínez Moya, admitió la querella presentada contra Calamita por José Luis Mazón Costa, abogado de la mujer que pretendía adoptar. El expediente de adopción fue admitido a trámite en el Juzgado 9 de Murcia a fines de mayo pasado.

El abogado defensor de Calamita, Javier María Pérez-Roldán, aprecia irregularidad en la actuación de Moya, porque había “acordado apertura de diligencias informativas contra mi defendido el 30 de junio de 2007”, y no era imparcial para evaluar la querella de enero de 2008. Pérez-Roldán comparó este caso con el del juez Gómez Liaño (Sogecable, 1999), sobre el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció en julio que no fue juzgado “por un tribunal independiente e imparcial”.

Según la defensa, antes de abrir expediente disciplinario contra Calamita, Moya le amenazó. “Llegó a decirle, lo cual puede ser constitutivo de una discriminación por motivos ideológicos y de creencias, que un católico no podía estar en un Juzgado de Familia”.

La queja presentada ante el CGPJ asegura que Moya presionó al juez instructor, Manuel Abadía Vicente. Éste apreció “inexistencia de delito” por parte de Calamita, pero “acordó la apertura del juicio bajo presiones del Presidente de la Sala”. El fiscal presente en el expediente de adopción, Fernando Florit, “nunca recurrió” las actuaciones de Calamita, cosa que debería haber hecho en caso de apreciar delito, precisó Pérez-Roldán.

Escarmiento
En opinión del abogado defensor, la causa de que Ferrín Calamita haya sido procesado a pesar de estas irregularidades es que se pretende evitar el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual, que dicho juez pretendía presentar para justificar su rechazo a admitir la adopción a una pareja de mujeres. “No es casualidad que la querella se presentara días después de que el juez Calamita anunciara su intención de presentar una cuestión de inconstitucionalidad”, opina Pérez-Roldán.

Al procesar a Calamita, según su defensor, Moya cometió una “prevaricación clara y manifiesta. Se quiere condenar al señor Ferrín Calamita, aún siendo inocente, para que sirva como escarmiento para cualquier otro juez que ose dudar de la constitucionalidad de la ley. El actual Gobierno no parece dispuesto a tolerar la independencia judicial, y por ello, entre otras cosas, el Ministerio Fiscal solicita una condena de todo punto infundada”.

La defensa del juez acusado dice que el abogado de la mujer que pretendía adoptar, Mazón, propuso al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, retirar la querella a cambio de que Ferrín Calamita le pagara 10.000 euros y aceptara ser trasladado fuera de esa Comunidad Autónoma. José Luis Mazón desmintió a LA GACETA la existencia de tal propuesta, mientras que López Bernal no se ha pronunciado acerca de si transmitió a Calamita la propuesta. En opinión del defensor de Calamita, “es harto irregular que un fiscal se ponga en contacto con el procurador de un imputado”. Pérez-Roldán precisó sin embargo que sería necesario comprobar las llamadas del fiscal si se pretende confirmar que existió una negociación ilegal para lograr un acuerdo.

Por último, la defensa de Calamita afirma que el equipo psicosocial del Juzgado se negó a emitir un informe sobre la idoneidad de la solicitante de adopción, y le remitió una carta informando haberse entrevistado con la madre biológica y la solicitante, aunque tales entrevistas no se realizaron.

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