Rafael López-Diéguez, secretario general de AES, ha reiterado que son testigos de primera información, y por tanto su seguridad debe ser guardada y ocultada a los medios y a cualquiera. Ya que según ha rescatado López-Diéguez de los medios de comunicación, Isadora fue quien tiraba a la basura estos historiales. De quién había pagado, cuando se produjo la operación, así como la dirección y el nombre completo de las mujeres que habían preferido desprenderse de su propia sangre, su hijo.
López Diéguez ha recordado, en cambio, que los que habitualmente quieren que se desvele la identidad de las pacientes, son precisamente los imputados. Ya que las mujeres al ver que su identidad se ha hecho pública se sienten desprotegidas a merced de presiones y amenazas dejando de prestar su fundamental testimonio a la justicia.
Por último, López Diéguez ha señalado que si se llegase a la conclusión de que esto es verdad, pedirán la imputación de los abortorios donde se han descubierto estos hechos. No obstante, ha señalado que las propias clínicas -con una información del semanario ALBA en la mano- son negligentes en la materia de salvaguardar la identidad de las mujeres.
María del Carmen Chismol denuncia públicamente que es víctima de un acoso que las autoridades académicas han sido incapaces de impedir, pese a que ella piensa que "han actuado con la mejor voluntad".
REDACCIÓN HO.- La catedrática de Filosofía María del Carmen Chismol Tarín, con destino en un instituto de Valencia, se ha dirigido a HazteOir.org para dar a conocer lo que ella entiende como una caso de acoso laboral. Los padres de algunos de sus alumnos la han acusado de intentar imponer a sus hijos las convicciones de la propia profesora, porque en sus clases defiende el derecho a la vida y presenta el aborto como un delito despenalizado en tres supuestos y no como un "derecho".
M.ª del Carmen quiere hacer constar que su relato solo expresa su percepción como "víctima de este proceso de acoso". Desea aclarar que de ninguna manera juzga las intenciones de los que en él han intervenido, a quienes supone buena intención. Por ello, ha preferido que en esta información no se mencionen los nombres de los demás protagonistas del caso.
Este es el resumen de los hechos, tal como ella los ha vivido.
Cuenta M.ª del Carmen que el 3 de diciembre de 2007 los padres de varios alumnos de 1.º de Bachillerato a los que imparte clases de Filosofía y de las actividades alternativas a la Religión presentaron un escrito al director del centro, en el que la acusaban de imponer a los alumnos sus propias creencias y de enseñarles "mentiras" como que el aborto es un delito.
La dirección del centro solicitó a la profesora su programación, que fue remitida a la Inspección y esta, a instancias de la Dirección Territorial de Educación, abrió una investigación.
La inspectora de zona citó a M.ª del Carmen el jueves 31 de enero, para aclarar algunos aspectos de la programación del Departamento de Filosofía. Después de cuatro horas de interrogatorio, al que asistieron también el director del centro e intermitentemente el coordinador del Servicio de Inspección Educativa, la profesora estaba convencida de que había quedado todo aclarado satisfactoriamente.
La catedrática dice saber que el 3 de febrero se celebró en el instituto una reunión a la que asistieron los padres firmantes de la acusación, una representante de la FAPA y el director del centro. Asegura que, entre otras "lindezas", los padres dijeron de ella que es una terrorista psicológica, que acosa a los alumnos, que los ha secuestrado al no permitirles ausentarse de clase durante la proyección del documental "Sí a la vida" (autorizado para mayores de 14 años), que no da en sus clases el programa de Filosofía, que es una integrista, que provoca a los alumnos para que la agredan y posteriormente denunciar la agresión... Asegura que en el acta de la reunión consta que los padres pretendieron incluso que el director la reemplazara por otra profesora.
Diligencias de la Inspección
M.ª del Carmen cuenta que la Inspección ha visitado dos veces su clase. La inspectora de zona le exigió la programación de aula de la 2.ª evaluación, detallada hora por hora y con mención del material de apoyo utilizado en cada clase. Así mismo, se le entregó un escrito firmado por dos inspectores en el que se le recriminaba, entre otras cosas, que al evaluar tiene en cuenta las faltas de ortografía o que recomienda leer un libro al mes. En ese texto, los inspectores reconocen que en clase se puede abordar el tema del aborto siempre que se haga con el respeto debido a la libertad de conciencia y religiosa de los alumnos, algo que M.ª Carmen está convencida de haber hecho. Además, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el escrito se detalla toda la normativa legal de aplicación al caso, según criterio de la Inspección.
El jueves 3 de abril se produjo una nueva cita en la Inspección y un nuevo interrogatorio por parte de la inspectora de zona y del inspector de Filosofía, que esta vez sólo duró dos horas. Ambos inspectores exigieron a la profesora que para el martes día 8 del mismo mes presentase (cosa que hizo) un informe detallado, hora por hora, de todas las lecciones desarrolladas desde el día que se inició el curso y de las programadas hasta el final del mismo, especificando todo el material utilizado y el que tenía previsto usar.
El 9 de mayo, durante otra entrevista con la inspectora de zona y el inspector de Filosofía que tuvo lugar en el propio instituto, este último le indicó que la parecía excesivo haber dedicado cinco clases para fundamentar el derecho a la vida desde la Biología, desde el debate filosófico, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la Constitución española y desde el acta de Helsinki sobre los derechos del niño. El inspector le dijo el derecho a la vida es solo un subepígrafe dentro de los derechos humanos, la profesora le respondió que no se trata simplemente de un derecho humano más sino de la condición imprescindible para poder gozar de todos los demás. La inspectora de zona, por su parte, le manifestó que todos los alumnos con los que había hablado le habían dicho que M.ª del Carmen explica muy bien Filosofía.
Se siente víctima de acoso en el ámbito laboral
La catedrática cuenta que, durante los meses transcurridos desde que fue acusada por esos padres, en el instituto el ambiente se ha ido enrareciendo. Como ejemplo de ello, comenta que varios miembros del claustro del instituto intentaron publicar un artículo que rechazaba el uso de la libertad de cátedra cuando se emplea para que los alumnos no reconozcan el pretendido "derecho al aborto". M.ª Carmen añade que, como el director se negó a que se incluyese en la revista, los profesores que pretendían publicar el artículo (y que se negaron a firmarlo) difundieron el texto por Internet. La situación se hacía cada vez más tensa para esta profesora, hasta el extremo de que el 14 de mayo se celebró una manifestación contra ella y contra el equipo directivo en la puerta del instituto. En el acto se profirieron insultos contra M.ª del Carmen y la tensión que se vivió hizo necesario que acudieran los antidisturbios, según manifiesta ella misma.
Pese a todo, M.ª del Carmen sigue impartiendo sus clases con relativa normalidad, aunque se siente acosada por algunos compañeros proabortistas y atacada por algunos alumnos manipulados con el consentimiento de algunos padres. Asegura que no encuentra demasiado apoyo en el claustro y percibe que en la directiva se van dando muestras de agotamiento.
Intervención de la Unidad Médica
Por parte de la Administración, la Unidad Médica le envió un psicólogo que le dijo saber que ella está trabajando en unas condiciones insoportables, en las que nadie sería capaz de continuar dando clase y que eso está poniendo en riesgo su salud, por lo que el director territorial, que debe velar por la salud de sus empleados en cumplimiento de las normas de previsión de riesgos laborales, había decidido que el IES Vicente Blasco Ibáñez no puede seguir siendo su lugar de trabajo. El psicólogo añadió que su saber y su experiencia serían mucho más provechosos si trabajara como "formadora de formadores" en un centro de profesores, en régimen de comisión de servicios.
Como M.ª del Carmen rechazó esa propuesta, el psicólogo le indicó que el director territorial podría decidir una suspensión de empleo. La profesora exigió que, si se le pretendía imponer alguna sanción, habría de incoársele un expediente disciplinario, con todas las garantías procesales previstas en la ley. Así terminó la entrevista.
M.ª del Carmen sigue relatando que un familiar suyo recibió una llamada del psicólogo, quien le pidió que la convenciera para que acepte la comisión de servicios.
El Servicio de Inspección no ha incoado expediente
La familia de la profesora ha sido advertida por la dirección del instituto de que todo parece estar decidido: le dejarán hacer los exámenes y después le impondrán una "baja obligatoria" (¿) y le impedirán la entrada al centro, recurriendo si fuera necesario a la policía. Es más, sus exámenes y sus calificaciones serán recurridos y los alumnos serán evaluados por un tribunal.
Como estos últimos extremos los conoció de palabra y de ellos no tiene constancia documental alguna, M.ª del Carmen se dirigió al inspector jefe, para rogarle que le confirmara o desmintiera lo que había llegado a sus oídos. Él intentó tranquilizarla y le garantizó que no se le ha abierto ningún expediente disciplinario, que es improbable que se le incoe y que ignoraba el origen de esos rumores, pero le precisó que pudiera ser que la Unidad Médica, que actúa con independencia de la Inspección Educativa, hubiera tomado algunas decisiones que él ignoraba, pero de las que prometía enterarse e informarla.
Dos días después, el inspector jefe le comunicó que la Unidad Médica la llamaría y que no se tomaría ninguna decisión sin escucharla.
El viernes 6 de junio por la mañana, la profesora fue citada para el martes día 10 a las 10 de la mañana en la Unidad Médica.
M.ª del Carmen no está dispuesta a aceptar ninguna solución al caso de la que se deduzca que haya podido actuar de forma irregular, pues tiene la certeza de que no ha sido así. Cree indudable que, tras haberse llevado a cabo las diligencias informativas que nos ha detallado, si la Inspección Educativa hubiese hallado el más mínimo indicio de que ella hubiera podido actuar de forma contraria a los principios deontológicos o de modo atentatorio contra los derechos de sus alumnos, habría incoado un expediente disciplinario. Puesto que no ha sido así (ni parece que vaya a serlo), considera de estricta justicia que, desde la Administración Educativa se adopten las medidas pertinentes para la salvaguarda de su honor personal y de su prestigio profesional.
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