Foro Pelayo: La realidad del aborto: promotor de la violencia contra la mujer

miércoles, febrero 11, 2009

La realidad del aborto: promotor de la violencia contra la mujer

A iniciativa de la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), los expertos José María Sémelas, psiquiatra, y Maite Rodríguez Pomatta, psicobióloga, han expuesto sus conclusiones ante la reforma de la ley del aborto que el Gobierno quiere imponer a la sociedad española.

REDACCIÓN HO.- El pasado mes de octubre se inició una subcomisión parlamentaria que ha trabajado de forma oculta y cerrada a la sociedad y cuyas conclusiones se harán públicas mañana. Frente a ello, estos expertos han insistido en exigir las siguientes garantías:

1.- La importancia de los médicos psiquiatras y los psicólogos en la evaluación previa a la realización de un aborto:

"Con la ley de plazos que el Gobierno quiere imponer a la sociedad española y a las mujeres, se elimina la figura del psiquiatra como evaluador previo a la toma de decisión de la interrupción del embarazo. El hecho de que un psiquiatra evaluara el primer supuesto de la Ley Orgánica 5/1985 ha sido el procedimiento empleado desde entonces en más del 97% de todos los abortos. Podemos afirmar que en prácticamente el 100% de los casos es y ha sido un auténtico fraude profesional. Los informes psiquiátricos, si no estaban hechos de antemano, se han empleado como un mero trámite para abortar en los centros privados de realización de abortos. Y es que en cinco minutos no se puede evaluar la salud mental de una paciente y menos aún recomendarle hacerse un aborto como terapia y solución a sus problemas mentales", ha denunciado José María Semelas.

"Pero el hecho de que se haya realizado mal no implica que haya que eliminar estas figuras -ha añadido este profesional-: el psiquiatra y el psicólogo son totalmente necesarios para que la decisión que lleva a la mujer a sufrir la pérdida provocada de un hijo sea madura, reflexionada y, sobre todo, libre. Y que la mujer embarazada sea libre para decidir no depende de empujar hacia al aborto con una ley de plazos, sino de que tenga un ámbito profesional independiente del centro de abortos donde reflexionar sobre los pros y contras de continuar o no con el embarazo".

2.- Por ello, estos expertos piden al Gobierno que en las conclusiones de la comisión del Congreso para esta nueva ley que quieren imponer a las mujeres españolas exista una evaluación psiquiátrica externa, de profesionales no vinculados económicamente a los centros de realización de abortos, evaluación de un mínimo de tres sesiones separadas en el tiempo por un día al menos cada una.

Como añadía Semelas, estas sesiones permitirán realizar evaluación adecuada de:

Antecedentes psiquiátricos: si existen antecedentes en la mujer de depresión, manía, ansiedad o trastornos de personalidad, existen evidencias científicas de que el aborto puede ocasionar con mayor probabilidad un trauma y estrés postraumático posterior.
Prestación de conciliación familiar entre miembros de la familia que puedan estar enfrentados a causa de un embarazo e influyendo sobre la decisión de la IVE. Tal es el caso de embarazadas mayores de edad que viven con sus padres u otro familiar, y que toman la decisión de la IVE fruto de una crisis familiar que podría solventarse mediante una conciliación efectiva.
En el caso de embarazadas menores de edad, es vital y preceptiva la realización de cómo mínimo tres visitas para el estudio y valoración, y de conciliación familiar para la toma de decisión de acuerdo con las necesidades de la menor y su adecuado desarrollo psico-social.
Presencia de violencia de género machista que pueda estar induciendo al aborto no deseado, que luego explicará la psicóloga Maite Rodríguez Pomatta.

3.- Asimismo, el prestigioso psiquiatra incidió en la necesidad de apoyo psicológico posaborto en las mujeres es una realidad científica, "y por eso revistas tan prestigiosas como Lancet lo han recogido en su editorial de agosto del año 2008. Por eso solicitamos que seguimiento posaborto de posibles incidencias se incluya no sólo la revisión ginecológica obligatoria sino también la revisión psiquiátrica", afirmaba Semelas, quien, por citar algunos ejemplos de esta realidad científica, ha citado que:

Se ha demostrado un incremento del suicidio de seis veces entre las mujeres que han abortado en comparación con las mujeres que dan a luz.
Un 65% de las mujeres que abortan presentan síntomas y signos de trastorno de estrés postraumático.
Se puede incrementar el riesgo de depresión en cinco veces tras un aborto.
Después de abortar, se han descrito graves alteraciones en el deseo sexual, en el sueño y en la autoestima.

"Abortar es, desde el punto de vista médico, la pérdida violenta de un hijo. Este hecho deja una huella en la psique de la mujer y es nuestra obligación como médicos prevenir ese daño y, por ello, prevenir el aborto. No podemos ni queremos dejar a las mujeres solas", concluía Semelas.

A continuación intervino Maite Rodríguez Pomatta, psicobióloga experta en neurobiología del desarrollo y la reproducción y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Colaboradora de la Asociación de Víctimas del Aborto, es además experta en la atención de casos de violencia de género machista contra la embarazada. Con ello, quiso resaltar las siguientes exigencias:

Ninguna mujer quiere abortar: todo aborto es no deseado. Con una ley de plazos sin psicólogo ni psiquiatra que evalúe, y sin trabajadoras sociales que den alternativas previas al aborto, no se van a poder descartar las coacciones laborales, sociales y familiares que están latentes en numerosos abortos provocados en España.
En la mayoría de los abortos, según nuestra experiencia con miles de embarazadas, está presente una violencia de género machista del hombre que quiere someter a la mujer a sus deseos de que aborte. La relación entre violencia de género y embarazo está ampliamente demostrada en estudios internacionales. Es preciso que en las entrevistas de evaluación previas al aborto la mujer reciba ayuda y asesoramiento para que pueda decidir por sí misma.

"En aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, todo profesional debe comprobar que el aborto no se solicita como consecuencia de violencia de género sobre la gestante. Y para ello hace falta una evaluación amplia de la embarazada en el tiempo. Si hay violencia de género, hay obligación de comunicar este hecho a la autoridad judicial", ha afirmado Pomatta.

"Permitir que se realice un aborto por coacción y violencia machista supone cerrar el círculo de la violencia de género y silenciarla de forma cómplice desde los centros de realización de abortos", concluía esta experta.

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