jueves, 29 de noviembre de 2007
Azahara Migel e Higinio Mosteiro.-
Azahara Migel e Higinio Mosteiro.-
Un testigo denunció detalladamente las irregularidades de las clínicas abortistas más conocidas de Barcelona y sacó a la luz un submundo en el que una vida de siete meses tiene un precio: 6.000 euros. Ya no hay excusa. No cierre los ojos, se lo contamos. Médicos sin titulación, informes falsificados, quirófanos sin seguridad sanitaria y millones de euros en dinero negro. Así funciona el negocio del aborto del doctor Carlos Morín, según las declaraciones de un testigo protegido a las que ha tenido acceso ÉPOCA y que desde junio de 2007 están en manos del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona.
Pero una acusación más grave cae sobre el propio doctor Morín. Según el testigo, fue diagnosticado de sida hace dos años, por lo que fue ingresado dos meses en el Hospital San Pablo de Barcelona. "En ningún momento se informa a la paciente de la enfermedad y del riesgo de contagio", asegura.
Morín hacía su agosto al margen de la legalidad, practicando intervenciones de riesgo a mujeres embarazadas en avanzado estado de gestación y cobrando este tipo de abortos en dinero negro, siempre según la declaración de este testigo. Y es que este médico abortista de origen peruano se lleva por cada una de estas intervenciones entre 3.000 y 6.000 euros. A más tiempo de embarazo, más dinero para el bolsillo. ¿Y nadie se preguntaba en todos estos años sobre la legalidad de las operaciones de esta clínica y de otros muchos centros que realizan las mismas actividades por todo el país?
Una denuncia de E-Cristians encendió la mecha. Y las declaraciones de este testigo protegido ante la Dirección General de la Policía, incluidas posteriormente en la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, fueron el detonante para que esta semana la Guardia Civil entrase en las clínicas Ginemedex, Emece, TCB y la Fundación Morín, y detuviese a Carlos Morín y a cinco de sus más cercanos colaboradores. Aseguran que tan sólo de las instalaciones de Ginemedex los agentes sacaron una caja de documentación.
¿Y qué escondía en tanto papel? ¿Apuntes manuscritos donde, según el testigo, se tomaba nota de las pacientes que no querían dejar constancia de su embarazo, la cantidad de dinero B que éstas pagaban y los meses de gestación en los que se practicaban los abortos? Lo que eran crímenes incluso ante los ojos de los menos creyentes.
Carlos Morín demostró ante el mundo no tener escrúpulos cuando embarazadas de 31 semanas sin motivo aparente para interrumpir su embarazo eran aceptadas en su clínica para practicar un aborto. Intervenciones de alto riesgo con el agravante de que, según este testigo, los médicos no tienen la titulación necesaria para ejercer en España, las enfermeras no están tituladas y los quirófanos no cumplen las mínimas exigencias higiénicas ni sanitarias. "A veces se habilita un sofá en el vestuario de las enfermeras a modo de box provisional para el posoperatorio de las pacientes a las que habían realizado IVES (interrupciones voluntarias del embarazo) con anestesia local", señala la declaración...
(Lea el reportaje íntegro en la revista ÉPOCA)
Adopcion Espiritual
Pero una acusación más grave cae sobre el propio doctor Morín. Según el testigo, fue diagnosticado de sida hace dos años, por lo que fue ingresado dos meses en el Hospital San Pablo de Barcelona. "En ningún momento se informa a la paciente de la enfermedad y del riesgo de contagio", asegura.
Morín hacía su agosto al margen de la legalidad, practicando intervenciones de riesgo a mujeres embarazadas en avanzado estado de gestación y cobrando este tipo de abortos en dinero negro, siempre según la declaración de este testigo. Y es que este médico abortista de origen peruano se lleva por cada una de estas intervenciones entre 3.000 y 6.000 euros. A más tiempo de embarazo, más dinero para el bolsillo. ¿Y nadie se preguntaba en todos estos años sobre la legalidad de las operaciones de esta clínica y de otros muchos centros que realizan las mismas actividades por todo el país?
Una denuncia de E-Cristians encendió la mecha. Y las declaraciones de este testigo protegido ante la Dirección General de la Policía, incluidas posteriormente en la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, fueron el detonante para que esta semana la Guardia Civil entrase en las clínicas Ginemedex, Emece, TCB y la Fundación Morín, y detuviese a Carlos Morín y a cinco de sus más cercanos colaboradores. Aseguran que tan sólo de las instalaciones de Ginemedex los agentes sacaron una caja de documentación.
¿Y qué escondía en tanto papel? ¿Apuntes manuscritos donde, según el testigo, se tomaba nota de las pacientes que no querían dejar constancia de su embarazo, la cantidad de dinero B que éstas pagaban y los meses de gestación en los que se practicaban los abortos? Lo que eran crímenes incluso ante los ojos de los menos creyentes.
Carlos Morín demostró ante el mundo no tener escrúpulos cuando embarazadas de 31 semanas sin motivo aparente para interrumpir su embarazo eran aceptadas en su clínica para practicar un aborto. Intervenciones de alto riesgo con el agravante de que, según este testigo, los médicos no tienen la titulación necesaria para ejercer en España, las enfermeras no están tituladas y los quirófanos no cumplen las mínimas exigencias higiénicas ni sanitarias. "A veces se habilita un sofá en el vestuario de las enfermeras a modo de box provisional para el posoperatorio de las pacientes a las que habían realizado IVES (interrupciones voluntarias del embarazo) con anestesia local", señala la declaración...
(Lea el reportaje íntegro en la revista ÉPOCA)
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