Arrestados Carlos Morín y otras cinco personas, tras el registro de sus clínicas. Ni la Generalitat ni el Colegio de Médicos de Barcelona quisieron investigarles.
Santiago MataMadrid. La Guardia Civil registró ayer, por orden del juzgado de instrucción número 33 de la Ciudad Condal, cuatro clínicas barcelonesas del grupo Ginemedex-TCB, y procedió a la detención de seis personas bajo sospecha de "práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación", según un comunicado de la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC).
Las clínicas Ginemedex, TBC, Emece y Barnamedic (CBM), regentadas por el cirujano peruano Carlos Morín, han sido repetidamente denunciadas por realizar abortos fuera de los casos despenalizados, pero ni el Colegio Médico de Barcelona ni la Consejería de Sanidad de la Generalitat prestaron atención a los hechos denunciados. La de ayer ha sido la operación de mayor envergadura contra los abortos ilegales desde que en 1986 se despenalizó parcialmente esta práctica. Manuel Cruz, director de la Fundación Vida, comentó a Europa Press el alcance de la operación asegurando que "llevamos 20 años viendo cómo las denuncias se archivaban", y "ahora las clínicas también están bajo el Estado de Derecho".
El origen de la actual investigación judicial está en un artículo publicado el 10 de octubre de 2004 en el Daily Telegraph londinense por Daniel Foggo y Charlotte Edwardes, a quienes el doctor Tomás Parra, de Ginemedex, pretendía cobrar 3.200 euros para abortar un feto de 26 semanas completamente sano. El relato iba acompañado de un editorial que hablaba de una “horrorosa industria clandestina” y un “siniestro mercado de la muerte”. El Telegraph suponía que "la policía y el gobierno españoles seguramente querrán cerrar esta clínica, que viola de forma tan flagrante las leyes sobre el aborto de ese país" y el ministro de Sanidad británico, John Reid, dijo que la situación era "muy seria", pero poco después Rafael Manzanera, director de Recursos Sanitarios de la Generalitat, declaraba que la “asistencia” que presta Ginemedex es “correcta”.
Le Monde fue el primer medio de comunicación extranjero que habló de los abusos del aborto en España al informar (3 de abril de 1997) de que medio millar de francesas abortaban en Barcelona una vez pasado el límite de legalidad del aborto al norte de los Pirineos (10 semanas). La huella del Telegraph fue seguida en noviembre de 2006 por la televisión pública danesa DR1, que grabó al doctor Morín con cámaras ocultas: esta vez pedía 4.000 euros (más de diez veces lo normal) para abortar un feto de 31 semanas, amparándose en que cuando peligra la vida de la madre no hay límite de tiempo para el aborto en España.
El 22 de noviembre de 2006, Josep Miró i Ardèvol, presidente de la Asociación e-cristians, denunció a Morín ante el Colegio de Médicos de Barcelona, y al no encontrar el Colegio indicio de delito, interpuso la querella criminal que dio lugar a los registros y detenciones de ayer. Los otros detenidos son médicos y gerentes de las clínicas de Morín. El TSJC aseguró que sólo se incorporarán a las diligencias judiciales aquellos historiales clínicos en los cuales "aparezcan fundamentados motivos de imputación".
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2 comentarios:
Lo malo es que la mujer esté tan sobreprotegida en nuestra sociedad.
La madre infanticida de intrauterino puede quedar libre con una multa.
La mujer no está superprotegida, más bien, es víctima de muchas presiones por parte de todos. al meo en España no se da la enhorabuena alas embarazadas. Tener sexo es casi una obligación para muchas jóvenes...
Y lo de una multa, muchas la pagarían si pudieran sacarse de la cabeza a su hijo como lo sacaron de su útero.
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