WASHINGTON, sábado, 4 junio 2005 (ZENIT.org).- Durante su visita a Roma hace dos semanas, los padres de Terry Schiavo, Bob y Mary Schindler, agradecieron al Papa y a los representantes del Vaticano la ayuda de la Iglesia en sus intentos de evitar que su hija muriera de hambre.
El portavoz vaticano Joaquín Navarro Valls condenó en una declaración el pasado 31 de marzo la retirada de alimento y agua que llevó a la muerte de Schiavo. En una declaración hecha pública el día de su muerte, Navarro Valls describió el acontecimiento como «una aceleración arbitraria de la muerte». También expresó su confianza en que la experiencia condujera a la opinión pública a una mayor concienciación de la dignidad humana y a mejorar las salvaguardas legales de la vida.
El caso Schiavo no es ni mucho menos un caso aislado. Poco después, el periódico británico Telegraph informaba el 17 de abril de una viuda de 81 años del estado americano de Georgia, Mae Magouirk. A pesar de tener un testamento vital, fue privada de alimento y agua durante 10 días después de ser admitida en un hospital por problemas cardiacos, que según el Telegraph, los doctores consideraron tratables.
La viuda no estaba comatosa ni tampoco en el así llamado estado vegetativo. Pero el problema surgió cuando su nieta, nombrada su guardián en su testamento vital, decidió que Magouirk estaba «preparada para irse a casa con Jesús». Se salvó su vida cuando otros miembros de la familia interpusieron con éxito una demanda legal para restaurarle el alimento.
Hace unas semanas el tema de la retirada del alimento y el agua también saltó a la palestra en Gran Bretaña, con lo que el periódico Guardian describía el 16 de mayo como «uno de las apelaciones más importantes sobre el derecho a la vida llevada ante los tribunales ingleses en los últimos años».
El caso implica a Leslie Burke, que sufre de una enfermedad degenerativa progresiva. Teme que en el futuro, una vez que su situación se deteriore, los doctores decidan dejar de alimentarle. Burke ganó un juicio el pasado julio, en el que se dictaminó que las directrices del Consejo General Médico a los doctores sobre la retirada del tratamiento para prolongar la vida eran ilegales en algunos aspectos.
¿Quién decide?
El Consejo General Médico está ahora apelando la decisión y hace dos semanas ambas partes presentaron sus argumentos ante tres jueces de un tribunal de apelación. Según el abogado de Burke, Richard Gordon, el tema va sobre «quién decide», informaba el 18 de mayo la BBC. En el caso original, Burke defendía que la recomendación del Consejo General Médico, que da a los doctores en casos como el suyo la decisión final sobre qué tratamiento dar a un paciente en sus etapas finales, infringía sus derechos humanos.
En su dictamen del año pasado, el juez James Lawrence Munby dio la razón a Burke, diciendo que si el paciente es competente – o, si siendo incompetente, ha hecho una petición anticipada de tratamiento – los doctores tienen el deber de proporcionarle nutrición o hidratación artificiales.
Un abogado de Patricia Hewitt, ministra de sanidad británica, declaró al tribunal de apelación que el Servicio Nacional de Salud no debería tener que dar tratamiento para prolongar la vida a todo paciente que lo pida «porque esto significaría una pérdida paralizante de recursos», informaba el 19 de mayo el periódico Times. El Departamento de Sanidad apoya la apelación contra la resolución del año pasado.
Derrick Wilson criticó la postura del gobierno, informaba el Times. Wilson tiene un hijo que durante los últimos ocho años ha estado en un «estado vegetativo» y ha rechazado el dar permiso a los doctores para poner fin a su vida.
«Creo que ésta es la fina terminación del filo de la eutanasia – no sólo para gente como Duncan (su hijo) sino pare gente como yo que me voy haciendo viejo», afirmaba. «Apesta a eutanasia, el gobierno respaldando algo como esto. Es muy triste».
El juicio del año pasado tuvo, sin embargo, algunos defectos, observaba la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Una nota, hecha pública el 17 de mayo por la Catholic Communications Network, explicaba que los obispos han intervenido en la apelación porque están preocupados porque si se eleva el principio de la autonomía del paciente hasta un nivel de absoluto, podría tener «peligrosas implicaciones potenciales para el suicidio asistido y la eutanasia».
La declaración deja claro, sin embargo, que los obispos no se oponen a los intentos de Burke de asegurar que continuará recibiendo alimento.
Los pacientes privados de alimento y agua mueren antes de sed, y esto no es una experiencia agradable, observaba el Dr. David Stevens, director ejecutivo de la Christian Medical Association en Estados Unidos.
El 23 de marzo, en el contexto del caso Schiavo, Stevens rechazó las afirmaciones hechas por algunos de que morir en tales circunstancias no es doloroso. Basándose en sus 13 años de trabajo en África, donde vio morir a muchos de deshidratación, Stevens criticó a los «así llamados expertos» que no han visto morir a nadie de este modo. «Contrariamente a aquellos que intentan pintarnos un cuadro de un proceso apacible, la muerte por deshidratación es una muerte cruel, inhumana y con frecuencia de agonía», afirmaba.
Cuando sufren las vacas
Cuando se trata de animales, por el contrario, legisladores y jueces parecen tener menos problemas a la hora de defender a las víctimas. Al mismo tiempo que moría Terry Schiavo, un reportaje periodístico desde Vermont describía cómo un granjero era condenado por dejar morir de hambre a sus vacas.
Christian DeNeergaard fue sentenciado a un año de suspensión así como a 30 días en un grupo de trabajo como parte de un trato con los querellantes, informó el 24 de marzo el periódico Times Argus de la localidad de Barre. El pasado octubre el entonces Fiscal del Estado del condado de Washington, Tom Kelly, afirmó que buscaría al menos la encarcelación por negligencia con los animales, que costó las vidas de al menos 11 vacas.
«Pensamos que un tiempo en la cárcel es lo apropiado», afirmó Kelly. «Las vacas sufrieron enormemente».
Poco después, el Los Angeles Times informaba del caso de Fred Purcell que no pudo desarrollar sus tierras debido al miedo de que esto dañase a algunos insectos cavernícolas. El artículo del 28 de marzo explicaba que Purcell, junto con algunos socios de negocios, compró 216 acres al noroeste de Austin, Texas, hace 22 años, con la intención de construir casas y venderlas.
Pero sus planes se vieron bloqueados porque los minúsculos insectos cavernícolas, que se cree que son únicos de esta zona, viven bajo tierra en cavernas de piedra caliza. Hasta ahora sus acciones legales han fallado y ahora está intentando apelar al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Las mascotas también gozan de una protección legal cada vez mayor. El 21 de mayo, el New York Times informaba de que 27 estados tienen actualmente leyes que permiten a los propietarios de mascotas establecer fideicomisos. De esta forma, los propietarios pueden depositar fondos, de manera que sus mascotas puedan ser atendidas una vez que ellos mueran. El artículo también observaba que desde 1990 es legalmente posible dejar dinero a una mascota en el testamento de una persona.
Según el New York Times, se mata a muchas mascotas una vez que mueren sus propietarios. El año pasado, Amy Shever comenzó PetGuardian, una empresa que establece fideicomisos para mascotas. Los clientes pueden también estipular cómo quieren que se trate a sus mascotas. Una cliente, por ejemplo, estipuló que se alimentara a su perro con pollo a la barbacoa por la mañana, y costillas a la parrilla por la noche.
En una declaración el 31 de marzo, justo después de la muerte de Terry Schiavo, el cardenal William Keeler, presidente del comité de actividades pro vida del episcopado norteamericano, comentaba que su situación trajo a la luz una cuestión crítica: «Para ser una sociedad verdaderamente humana, ¿cómo deberíamos proteger a aquellos pacientes más desamparados que no pueden hablar por sí mismos?». Y añadía: «Recemos para que esta tragedia humana conduzca a nuestra nación a un mayor compromiso para proteger a los paciente desamparados y a todos los más débiles de entre nosotros».
El portavoz vaticano Joaquín Navarro Valls condenó en una declaración el pasado 31 de marzo la retirada de alimento y agua que llevó a la muerte de Schiavo. En una declaración hecha pública el día de su muerte, Navarro Valls describió el acontecimiento como «una aceleración arbitraria de la muerte». También expresó su confianza en que la experiencia condujera a la opinión pública a una mayor concienciación de la dignidad humana y a mejorar las salvaguardas legales de la vida.
El caso Schiavo no es ni mucho menos un caso aislado. Poco después, el periódico británico Telegraph informaba el 17 de abril de una viuda de 81 años del estado americano de Georgia, Mae Magouirk. A pesar de tener un testamento vital, fue privada de alimento y agua durante 10 días después de ser admitida en un hospital por problemas cardiacos, que según el Telegraph, los doctores consideraron tratables.
La viuda no estaba comatosa ni tampoco en el así llamado estado vegetativo. Pero el problema surgió cuando su nieta, nombrada su guardián en su testamento vital, decidió que Magouirk estaba «preparada para irse a casa con Jesús». Se salvó su vida cuando otros miembros de la familia interpusieron con éxito una demanda legal para restaurarle el alimento.
Hace unas semanas el tema de la retirada del alimento y el agua también saltó a la palestra en Gran Bretaña, con lo que el periódico Guardian describía el 16 de mayo como «uno de las apelaciones más importantes sobre el derecho a la vida llevada ante los tribunales ingleses en los últimos años».
El caso implica a Leslie Burke, que sufre de una enfermedad degenerativa progresiva. Teme que en el futuro, una vez que su situación se deteriore, los doctores decidan dejar de alimentarle. Burke ganó un juicio el pasado julio, en el que se dictaminó que las directrices del Consejo General Médico a los doctores sobre la retirada del tratamiento para prolongar la vida eran ilegales en algunos aspectos.
¿Quién decide?
El Consejo General Médico está ahora apelando la decisión y hace dos semanas ambas partes presentaron sus argumentos ante tres jueces de un tribunal de apelación. Según el abogado de Burke, Richard Gordon, el tema va sobre «quién decide», informaba el 18 de mayo la BBC. En el caso original, Burke defendía que la recomendación del Consejo General Médico, que da a los doctores en casos como el suyo la decisión final sobre qué tratamiento dar a un paciente en sus etapas finales, infringía sus derechos humanos.
En su dictamen del año pasado, el juez James Lawrence Munby dio la razón a Burke, diciendo que si el paciente es competente – o, si siendo incompetente, ha hecho una petición anticipada de tratamiento – los doctores tienen el deber de proporcionarle nutrición o hidratación artificiales.
Un abogado de Patricia Hewitt, ministra de sanidad británica, declaró al tribunal de apelación que el Servicio Nacional de Salud no debería tener que dar tratamiento para prolongar la vida a todo paciente que lo pida «porque esto significaría una pérdida paralizante de recursos», informaba el 19 de mayo el periódico Times. El Departamento de Sanidad apoya la apelación contra la resolución del año pasado.
Derrick Wilson criticó la postura del gobierno, informaba el Times. Wilson tiene un hijo que durante los últimos ocho años ha estado en un «estado vegetativo» y ha rechazado el dar permiso a los doctores para poner fin a su vida.
«Creo que ésta es la fina terminación del filo de la eutanasia – no sólo para gente como Duncan (su hijo) sino pare gente como yo que me voy haciendo viejo», afirmaba. «Apesta a eutanasia, el gobierno respaldando algo como esto. Es muy triste».
El juicio del año pasado tuvo, sin embargo, algunos defectos, observaba la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Una nota, hecha pública el 17 de mayo por la Catholic Communications Network, explicaba que los obispos han intervenido en la apelación porque están preocupados porque si se eleva el principio de la autonomía del paciente hasta un nivel de absoluto, podría tener «peligrosas implicaciones potenciales para el suicidio asistido y la eutanasia».
La declaración deja claro, sin embargo, que los obispos no se oponen a los intentos de Burke de asegurar que continuará recibiendo alimento.
Los pacientes privados de alimento y agua mueren antes de sed, y esto no es una experiencia agradable, observaba el Dr. David Stevens, director ejecutivo de la Christian Medical Association en Estados Unidos.
El 23 de marzo, en el contexto del caso Schiavo, Stevens rechazó las afirmaciones hechas por algunos de que morir en tales circunstancias no es doloroso. Basándose en sus 13 años de trabajo en África, donde vio morir a muchos de deshidratación, Stevens criticó a los «así llamados expertos» que no han visto morir a nadie de este modo. «Contrariamente a aquellos que intentan pintarnos un cuadro de un proceso apacible, la muerte por deshidratación es una muerte cruel, inhumana y con frecuencia de agonía», afirmaba.
Cuando sufren las vacas
Cuando se trata de animales, por el contrario, legisladores y jueces parecen tener menos problemas a la hora de defender a las víctimas. Al mismo tiempo que moría Terry Schiavo, un reportaje periodístico desde Vermont describía cómo un granjero era condenado por dejar morir de hambre a sus vacas.
Christian DeNeergaard fue sentenciado a un año de suspensión así como a 30 días en un grupo de trabajo como parte de un trato con los querellantes, informó el 24 de marzo el periódico Times Argus de la localidad de Barre. El pasado octubre el entonces Fiscal del Estado del condado de Washington, Tom Kelly, afirmó que buscaría al menos la encarcelación por negligencia con los animales, que costó las vidas de al menos 11 vacas.
«Pensamos que un tiempo en la cárcel es lo apropiado», afirmó Kelly. «Las vacas sufrieron enormemente».
Poco después, el Los Angeles Times informaba del caso de Fred Purcell que no pudo desarrollar sus tierras debido al miedo de que esto dañase a algunos insectos cavernícolas. El artículo del 28 de marzo explicaba que Purcell, junto con algunos socios de negocios, compró 216 acres al noroeste de Austin, Texas, hace 22 años, con la intención de construir casas y venderlas.
Pero sus planes se vieron bloqueados porque los minúsculos insectos cavernícolas, que se cree que son únicos de esta zona, viven bajo tierra en cavernas de piedra caliza. Hasta ahora sus acciones legales han fallado y ahora está intentando apelar al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Las mascotas también gozan de una protección legal cada vez mayor. El 21 de mayo, el New York Times informaba de que 27 estados tienen actualmente leyes que permiten a los propietarios de mascotas establecer fideicomisos. De esta forma, los propietarios pueden depositar fondos, de manera que sus mascotas puedan ser atendidas una vez que ellos mueran. El artículo también observaba que desde 1990 es legalmente posible dejar dinero a una mascota en el testamento de una persona.
Según el New York Times, se mata a muchas mascotas una vez que mueren sus propietarios. El año pasado, Amy Shever comenzó PetGuardian, una empresa que establece fideicomisos para mascotas. Los clientes pueden también estipular cómo quieren que se trate a sus mascotas. Una cliente, por ejemplo, estipuló que se alimentara a su perro con pollo a la barbacoa por la mañana, y costillas a la parrilla por la noche.
En una declaración el 31 de marzo, justo después de la muerte de Terry Schiavo, el cardenal William Keeler, presidente del comité de actividades pro vida del episcopado norteamericano, comentaba que su situación trajo a la luz una cuestión crítica: «Para ser una sociedad verdaderamente humana, ¿cómo deberíamos proteger a aquellos pacientes más desamparados que no pueden hablar por sí mismos?». Y añadía: «Recemos para que esta tragedia humana conduzca a nuestra nación a un mayor compromiso para proteger a los paciente desamparados y a todos los más débiles de entre nosotros».
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