Silencio, se aborta

La Comunidad de Madrid 'protege' a las grandes clínicas abortistas, a pesar de que tiene evidencias de delitos flagrantes.

La clínica de abortos Callao, inspeccinada sin consecuencias. BORJA SANCHEZ

Santiago Mata

Madrid. Las pequeñas clínicas abortistas madrileñas viven en estado de sitio desde que la investigación emprendida en Barcelona el pasado día 26 se extendió a otras clínicas del detenido doctor Carlos Morín, y en concreto a CB Medical, cerrada por las autoridades sanitarias de la capital el lunes. Las inspecciones sanitarias están a la orden de día, eso sí, salvo para las tres grandes: Dátor, Isadora y El Bosque, que realizan el 90% de los abortos en Madrid. Esas son intocables porque hacen el trabajo ilegal que los médicos de la sanidad pública —en ejercicio del derecho a la objeción de conciencia— no quieren hacer, pero que de todas maneras paga el contribuyente.

Las tres grandes son intocables, aunque fue una investigación en torno a Dátor la que desató la actual redada contra clínicas que realizan abortos ilegales. Reconstruyamos los pasos.

El 15 de junio de 2006, el Partido Social Europeo denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las clínicas Dátor (madrileña) y Ginemedex (barcelonesa) por tirar los residuos biosanitarios a la basura ordinaria y, a la primera, además por enviarlos a un laboratorio de productos cosméticos. No hubo investigación hasta que un redactor de LA GACETA, Miguel Janer, anunció a la Guardia Civil su intención de publicar fotos de restos de fetos abortados, encontrados en la basura ordinaria de las citadas clínicas.

La UCO intervino a partir del 16 de febrero en las siete clínicas abortistas privadas de Madrid, encontrando que cinco de ellas —incluidas las tres grandes, Dátor, Isadora y El Bosque— tiraban a la basura ordinaria restos restos humanos que deben ser incinerados siguiendo un procedimiento muy preciso. Parte de la información se filtró a la prensa una semana después: en concreto la del hallazgo de restos humanos, entre ellos siete fetos de gran tamaño, en la basura de Isadora.

Según las informaciones publicadas, la inspección de febrero la llevaron a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona, Guardia Civil) e inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad de Madrid sigue afirmando hoy día que colaboró y colabora con la Guardia Civil en ese caso. Pero la Comunidad de Madrid no acompañó la denuncia interpuesta por el Seprona, y ésta fue archivada. La Consejería de Sanidad llegó a "acusar" a Isadora "de eliminar mal los residuos de abortos", según un comunicado del que se hacía eco El País el 1 de marzo.

En un alarde de interés y capacidad de llegar a las fuentes de la noticia, el mismo diario podía informar al día siguiente de que "el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid archivó el pasado 20 de febrero las diligencias abiertas cuatro días antes a iniciativa de la Guardia Civil". Todo había muerto antes de nacer, como un aborto; pero no espontáneo, sino provocado: el titular del Juzgado número 6 (las diligencias aparentemente habían sido abiertas por el 47) no encontró "nada que indicara la comisión de un delito". LA GACETA, que dispone de 70 fotos sobre lo que la Guardia Civil halló en Isadora, sólo pudo dar la noticia a título póstumo el 16 de marzo. La Consejería de Salud dice ahora que no podía denunciar a Isadora porque tirar fetos es incumplir normas, pero no delito. Pero en la basura había medicamentos prohibidos y listas de clientes, delitos tanto o más graves que los de Morín