La Fundación Madrina denuncia que el aborto es fruto de la violencia, desigualdad y exclusión que sufre la embarazada

Nueve de cada diez mujeres embarazadas o madres sufren acoso en su trabajo


Durante la última sesión de la Subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley del aborto propuesta por el PSOE, dispuesto a todas luces a introducir una ley de plazos que sería contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, denunció ayer que el aborto es fruto de la violencia, desigualdad y exculsión que sufre la mujer embarazada y añadió que la "única salida" que se le ofrece es el aborto.

En el curso de su comparecencia en la subcomisión del Congreso, señaló que, como factor de desigualdad, los servicios sociales ven a la mujer embarazada como "una irresponsable; la pareja, como "una amenaza de violencia", y la empresa como "un coste difícil de asumir". En este sentido, añadió que el aborto es "la punta del iceberg" de la situación de la mujer, "y la raíz de su problema es lo que hay debajo de esta situación de riesgo, denominado mobbing maternal". "El aborto --continuó-- no soluciona estos problemas, sino que los agrava, generando un trauma mayor y consolidando la situación de injusticia social, desigualdad laboral y violencia machista que sufre la mujer".

Amenazas de despido a las embarazadas y dinero para abortar

En concreto, Conrado Giménez manifestó que el 68 por ciento de las mujeres gestantes sufren violencia de género machista, especialmente al tercer o cuarto mes de embarazo, por lo que, según dijo, "el embarazo se ha convertido en un factor de riesgo por la violencia machista". Además, apuntó que 9 de cada 10 mujeres embarazadas o madres sufren acoso en su trabajo y un 25 por ciento son despedidas. Según Giménez, las razones son "no sentar precedentes", "dar mala imagen a la empresa", "sus prioridades entiende que han cambiado y cursan con reducción de sueldo, trabajos de riesgo, eliminación de categoría o responsabilidades. En este sentido, añadió que incluso hay empresas que "ofrecen dinero para abortar, se le invita a hacerlo si quiere continuar su empleo, se le hace firmar documentos privados para evitar embarazos mientras dure el desempeño de sus funciones, o finalmente no se le renueva el contrato".

Ante esta situación, Fundación Madrina acusó abiertamente al Estado de ofrecer el aborto "como única alternativa" a estos problemas, y recordó, basándose en su experiencia, que el aborto "no es una opción deseada por la mujer, sino fruto de la violencia que sufre". Según manifestó Giménez, "es impensable hablar de un supuesto derecho al aborto". "No hay este derecho, sino un derecho a no abortar, es decir, a la maternidad", agregó. En su opinión, los más vulnerables ante el aborto "siguen siendo los menores" y afirmó que se ha duplicado el número de abortos en este colectivo en diez años, alcanzando hasta tres abortos por menor. También señaló como víctima de la interrupción al médico, "que actúa en contra de su código deontológico", y añadió que el 98 por ciento de los ginecólogos "no aprueban el aborto".

Con todo, concluyó que las políticas permisivas en materia de aborto "generan pobreza y desierto demográfico". "España presenta unas de las tasas de natalidad más bajas de Europa y del mundo; genera un empobrecimiento del 5 po ciento del PIB anual debido al aborto, dijo. En este sentido, manifestó que "cada año España es un 5 por ciento más pobre".

Los argumentos abortistas

Postura contraria fue la presentada por la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, quien defendió que la modificación pretendida por el PSOE debe concretarse en una ley de plazos de, "como mínimo", 14 semanas y con indicaciones sin plazo, como las malformaciones del feto o el peligro para la salud de la madre. La representante de la asociación abortista Themis, que compareció a propuesta del Grupo Socialista, afirmó que la ley actual en materia de aborto "viene ocasionando una situación de inseguridad jurídica a muchas mujeres y profesionales". "Esta situación es totalmente incompatible con el Estado de derecho y con el resto de la legislación española", agregó.

En este sentido, apostó "por dejar sin efecto la falta de garantías" y, para ello, considera que "la manera de resolver estos problemas y contradicciones es una ley de plazos con indicaciones". Asimismo, pidió que se regule y contemple en la ley la regulación de la objeción de conciencia, ya que, en su opinión, la actual situación "ha ocasionado que no se hagan abortos en los hospitales públicos". También se mostró partidaria de que se despenalice el aborto y que la nueva reforma se enmarque dentro de una ley "más amplia" de salud sexual y reproductiva. En todo caso, manifestó que una ley de plazos "sería compatible con la sentencia del Tribunal Constitucional". "Es importante y urgente que se apruebe ya", concluyó.

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