(NUEVA YORK - C-FAM) El pasado viernes, una congresista de Brooklin, Nueva York, presentó ante la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley que extendería en gran medida la financiación internacional del aborto, la anticoncepción y la educación sexual, a la vez que dejaría sin efecto la antigua Enmienda Helms que prohíbe el uso de fondos para la ayuda financiera al extranjero con el objetivo de subvencionar el aborto.
La Ley Global de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, presentada por la diputada Yvette Clarke y apoyada por al menos otros 17 miembros de la Cámara, al parecer, está vinculada con la declaración efectuada por los Estados Unidos durante la sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU (CPD), que concluyó recientemente. En ella se afirma que «el presidente Obama ha solicitado 715,7 millones de dólares para la salud reproductiva bilateral y multilateral en 2011, lo cual incluye la planificación familiar. Si el Congreso aprueba esta cifra en lo que resta del año, ella representará la mayor contribución de los EE. UU. en la historia de los programas internacionales de salud reproductiva».
La ley establece que el «avance de la salud sexual y reproductiva es necesario para alcanzar la mayor parte de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM)», y sus conclusiones están basadas, casi por completo, en el polémico informe de la ONU titulado«Haciendo cuentas». Dicho informe fue realizado y patrocinado por la institución pro-abortista Guttmacher Institute y el Fondo de Población de la ONU. Además, fue citado de manera destacada en la declaración de los Estados Unidos durante la CPD. En él se aboga por un incremento en la planificación familiar y el acceso al aborto como medios básicos para reducir la mortalidad materna a escala mundial.
La ley establece que los fondos para la ayuda financiera al extranjero deben ser empleados con el propósito de «financiar los servicios de aborto seguro, incluidas las derivaciones, y subvencionar la capacitación de proveedores de aborto y el equipamiento e instrumental necesarios para el aborto quirúrgico y farmacológico».
El Artículo 7 de la ley solicita el financiamiento a fin de asegurar y promocionar la «atención de la salud sexual y reproductiva de la juventud», que comprende la educación sexual y reproductiva integral, y los servicios de aborto. La ley define que el término «juventud» abarca a todos los individuos de entre 10 y 25 años de edad.
Según la organización pro-abortista Ipas, «La adopción de la ley significaría el fin de la Enmienda de Helms». Esta fue aprobada por primera vez en 1973 y establece que «No deben utilizarse fondos de asistencia al extranjero para financiar la práctica del aborto como método de planificación familiar o para motivar o coaccionar a alguien a realizar abortos».
Una declaración formulada por la diputada Clarke sugiere que la ley es necesaria para cumplir con las normas internacionales: «Al modificar la legislación actual para cumplir con las normas internacionales vigentes, podemos establecer un modelo progresista integrado para la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva más eficientes y eficaces en todo el mundo».
Wendy Wright, presidente de Concerned Women for America, manifestó a Friday Fax su indignación: «Esta ley es más que irresponsable. Ninguna práctica abortiva es completamente segura, y el riesgo se multiplica para las mujeres que no tienen acceso a la atención primaria de la salud, al agua potable o la penicilina. Exportar el aborto a las mujeres más carentes del mundo y promover que los niños de 10 años tengan sexo, poniéndolos en riesgo de contraer enfermedades mortales, de ser explotados por los pederastas y candidatos a abortar, podría considerarse como un método de limpieza étnica».
Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
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