Segunda sesión de trabajo de la Subcomisión parlamentaria que discute la reforma de la ley del aborto, en la que el PP ha vuelto a denunciar la falta de apoyo a la mujer embarazada e insistir en la existencia de alternativas, rechazando una ley de plazos.
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REDACCIÓN HO.- El PP ha mostrado su rechazo a una ley de plazos sobre el aborto. Como explicaba Lourdes Méndez, "nos parece que ahora mismo la mujer está en una situación de falta de libertad absoluta, no se le informa adecuadamente, no se realizan los informes médicos que se precisan y por lo tanto va abocada en muchos casos al aborto, no existen alternativas suficientes y creemos que a quien se tiene que proteger y amparar, además de al feto, además de al nasciturus, es a la propia mujer. Con una ley de plazos esto no se produciría".
Entre los "expertos" que han comparecido ante los miembros de la Subcomisión ha estado el presidente del consejo de administración del centro madrileño de abortos Dator, uno de los que más abortos practican en España; Guillermo Sánchez Andrés ha intervenido a petición del Grupo Socialista, en una comparecencia criticada por el comité de expertos de Derecho a Vivir (DAV) esta mañana.
Es de reseñar que el empresario ha huido tras su comparecencia por la puerta de atrás del Congreso,según ha constatado la COPE, para evitar a los medios de comunicación. Algo que hace un flaco favor a la transparencia. Por cierto que la diputada del PP Sandra Moneo informaba también de que el empresario del aborto no ha contestado tampoco a sus señorías cuando se le han planteado preguntas clave, como cuántos abortos realizan en su centro o cuánto dinero ganan con el negocio del aborto.
Además de Sánchez Andrés han comparecido hoy ante la Subcomisión tres catedráticos de Derecho que han disertado sobre la constitucionalidad o no de una posible ley de plazos sobre el aborto en España. Se trata del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Francisco Balaguer (solicitado por el Grupo Socialista), la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García (a petición de IU), y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche (a solicitud del PP).
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