El Comité del Ministerio de Igualdad tendría claro, a estas alturas, que la nueva ley establecerá el aborto libre dentro de los seis meses -24 semanas- de gestación.
También da por hecho que se mantendrán los tres supuestos de la ley vigente, dentro de los cuales se podrá abortar hasta el noveno mes. Será una “ley mixta”, que combinará aborto libre en un plazo y supuestos de aborto hasta el noveno mes.
La única duda en el seno de este grupo progubernamental sería, en estos momentos, si el aborto debe ser libre hasta las 22 o hasta las 24 semanas. Se basan en la llamada “viabilidad del feto”, que para el presidente de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), José Manuel Bajo, comienza exactamente a partir de la semana 23 de gestación y para los “expertos” de la ministra de Igualdad, exactamente a partir de la semana 25.
Todo ello es lo que se desprende de los criterios gubernamentales publicados este miércoles, por medio de otra filtración anónima, la segunda desde la creación del grupo de trabajo del Ministerio de Igualdad.
“Todo decidido de antemano”
“Parece claro que está todo decidido de antemano, y que el grupo de amigos de la ministra no es más que un instrumento propagandístico al servicio del Gobierno”, ha comentado la doctora Gádor Joya, médico especialista en Pediatría y portavoz DAV.
“Se perfila con claridad que pretenden centrar el debate en una cuestión de dos semanas arriba o abajo para la vida del niño, tienen prisa en dejar sentado que habrá aborto libre y que lo único que divide a la sociedad es si un Gobierno o un grupo de ingenieros sociales deben conceder a un niño no nacido dos semanas más o dos semanas menos de vida”, señaló la portavoz de Derecho a Vivir.
“Pero, si algo ha dejado claro la sociedad española, no sólo a través de los sondeos de opinión, sino a través de las normas de las que se ha dotado para convivir, es que el nasciturus es sujeto de la misma protección de la vida que la que goza toda persona nacida, tal y como ha fijado con claridad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Gobierno y sus amigos de la industria abortista saben que tienen a la sociedad en contra, y saben que la Constitución es un obstáculo insalvable para su planes de muerte, por eso despliegan una propaganda pseudocientífica sirviéndose de supuestos expertos dispuestos a decir lo que el Gobierno necesite que digan. El Gobierno y la industria de las clínicas abortistas tienen prisa porque nadie más aporta legitimidad jurídica y científica a sus planes”, dijo Gádor Joya
DAV también constata “la total exclusión de la mujer de las consideraciones del grupo de supuestos expertos del Gobierno. No se habla, en ningún momento, de su derecho a una alternativa al aborto, no se mencionan las evidencias científicas sobre las consecuencias del aborto en su salud, ni una palabra del síndrome post-aborto, o de las presiones que sufren para abortar, especialmente las mujeres con dificultades económicas, o de la falta de una red de solidaridad para que no tengan que abortar”.
“Nada, en definitiva”, añadió Gádor Joya, “sobre quien debería ser considerada como una víctima más de la violencia abortista y es utilizada como coartada para que un grupo multimillonarios del aborto respaldados por el Gobierno decidan si hacen negocio con la mujer y con la vida ajena durante 22 o durante 24 semanas”.
Reunión del Comité DAV
El Comité de Expertos de Derecho a Vivir se reunirá el próximo martes 18 de noviembre, coincidiendo con la tercera reunión de trabajo de la Subcomisión parlamentaria sobre el aborto.
El Comité DAV, formado por dieciséis médicos, científicos, juristas y activistas de apoyo socio-sanitario a la mujer embarazada, dará a conocer en conferencia de prensa el estado de su primer informe sobre el aborto, de naturaleza jurídica, y avanzará algunas de sus consideraciones.
El Comité DAV comparecerá en conferencia de prensa el próximo martes 18 de noviembre, a las 12.00 h. en el hotel NH Paseo del Prado, en la Plaza de Neptuno, de Madrid.
Forman el Comité DAV:
José Luis Requero. Magistrado. Vocal del Consejo General del Poder Judicial (2001-2008).
Mónica López-Barahona. Consultora para Bioética de Naciones Unidas.
Carlos Pérez del Valle. Magistrado. Profesor de la Escuela Judicial.
Carlos Vidal Prado. Profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED.
Nicolás Jouve de la Barreda. Catedrático de Genética, Departamento de Biología Celular y Genética, Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Francisco Abadía Fenoll. Catedrático emérito de Biología Celular, Universidad de Granada.
Pablo Nuevo. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba.
Paloma de Cendra. Psicóloga y Terapeuta de Pareja y Familia. Experta en crisis de embarazo y Síndrome Post-aborto.
Carmen Gómez Lavín. Psiquiatra. Emérito de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Directora de la Escuela de Trabajo Social de Logroño durante 30 años. Experta en síndrome post-aborto.
Luis Granados. Doctor en Medicina y Cirugía, y médico especialista en Ginecología y Obstetricia.
Álvaro Vázquez Prat. Médico. Profesor colaborador del área de Medicina y del área de Cirugía (Postgrado), de la Universidad de Zaragoza. Miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica ‘San Vicente Mártir’ de Valencia.
Luis Chiva. Médico especialista en Ginecología. Profesor de la Universidad San Pablo-CEU.
Ondina Vélez. Médico de Familia. Directora del Centro Universitario de Información y Salud Sexual de la Universidad San Pablo-CEU.
Mercedes Pérez Fernández. Vicepresidenta de la Asociación Trisomía 13, Trisomía 18 y Otras Malformaciones Genéticas.
María Esperanza Puente Moreno. Portavoz de la Fundación RedMadre. Ponente en el Congreso de la Mujer Pekín +10, organizado por la ONU.
Adopcion Espiritual
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